El SENASA estableció requisitos de bioseguridad y buenas prácticas para la producción comercial de peces. La medida alcanza a establecimientos en tierra y cuerpos de agua.
La piscicultura comercial argentina cuenta con un nuevo marco sanitario. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó las condiciones mínimas de bioseguridad y Buenas Prácticas Acuícolas que deberán cumplir los establecimientos dedicados a la producción de peces para consumo en todo el territorio nacional.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 793/2026, publicada el 2 de septiembre en el Boletín Oficial. Su alcance comprende instalaciones ubicadas en tierra y aquellas emplazadas en aguas continentales o marítimas, incluyendo establecimientos destinados a las diferentes etapas de cría y engorde.
La normativa busca establecer criterios sanitarios comunes para una actividad que hasta el momento no contaba con una regulación específica de estas características. Entre sus objetivos aparecen mejorar la trazabilidad, reducir el riesgo de introducción y propagación de enfermedades y generar condiciones para acompañar el desarrollo productivo y comercial de la acuicultura.
Entre las obligaciones generales, los establecimientos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), respetar las exigencias de bienestar animal y contar con un Técnico Acuícola Acreditado por el SENASA.
Bioseguridad dentro de los establecimientos
Los requisitos de infraestructura serán diferentes según el sistema de producción. Para las instalaciones ubicadas en tierra se contemplan aspectos como delimitación de las áreas productivas, señalización y barreras sanitarias. En los sistemas instalados sobre cuerpos de agua también se establecen condiciones específicas para las jaulas flotantes, sus sistemas de fondeo y balizamiento.
La resolución dispone además controles sobre el ingreso de personas y vehículos, procedimientos para evitar la contaminación cruzada y medidas para monitorear la calidad del agua. A esto se suman la inspección diaria de los peces, el control de las estructuras para prevenir escapes y una gestión segura de los animales muertos.
Cada establecimiento tendrá que disponer de un Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas Acuícolas actualizado, en el que se detallen procedimientos preventivos, protocolos de limpieza y desinfección, manejo sanitario y pautas relacionadas con el bienestar de los peces. Las acciones implementadas deberán quedar respaldadas mediante registros documentales.
Una adecuación progresiva
Debido a la diversidad de sistemas productivos existentes en el país, la normativa contempla una implementación gradual. La resolución entrará en vigencia a los 180 días corridos de su publicación y, posteriormente, los titulares dispondrán de 90 días para presentar ante el SENASA un informe sobre el cumplimiento de las exigencias.
Cuando existan requisitos pendientes, los establecimientos podrán presentar un plan de adecuación. El plazo máximo previsto para completar ese proceso será de 24 meses, aunque durante ese período deberán cumplirse inmediatamente aquellas medidas consideradas esenciales para prevenir riesgos sanitarios, ambientales o para la salud pública.
Con este nuevo esquema, el organismo busca fortalecer la prevención sanitaria y acompañar el crecimiento de la piscicultura comercial. La regulación también apunta a sostener condiciones que favorezcan la producción de alimentos de calidad para el mercado interno y la inserción internacional de la actividad, siguiendo lineamientos sanitarios aplicados a los animales acuáticos.
