La firma santafesina frenó sus actividades en Villa Constitución por el desplome de ventas, deudas millonarias y la competencia importada, desatando un conflicto gremial por indemnizaciones.
El sector de la maquinaria agrícola y la tecnología aplicada al campo atraviesa un momento crítico que acaba de cobrar una víctima de peso. Plantium y su firma asociada Gentec formalizaron el cese temporal de actividades en su planta de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, junto con el despido de 84 operarios fabriles y desvinculaciones en Rosario que elevan el total a más de 100 trabajadores. La medida se ejecutó mediante telegramas enviados mientras se negociaban retiros voluntarios con el sindicato, lo que provocó que los empleados encontraran las instalaciones cerradas con candado y trasladaran el reclamo al Ministerio de Trabajo ante la falta de pago inmediato de las indemnizaciones de ley.
La caída de la firma responde a un encadenamiento de factores macroeconómicos y comerciales. Por un lado, la compañía —nacida en 1996 y referente en pilotos automáticos y monitores de siembra— sufrió un marcado atraso en las ventas. A este escenario se sumó una cadena de pagos rota por parte de fabricantes nacionales de maquinaria como Pauny y Metalfor, acumulando incobrables y pasivos bancarios que, entre ambas razones sociales, superan los 13.700 millones de pesos y cientos de cheques rechazados. Asimismo, referentes sindicales y del sector señalaron la pérdida de competitividad frente a productos importados de origen chino, cuyos costos de ingreso al país resultan hasta cinco veces menores que los de la fabricación nacional.
Mientras las autoridades provinciales advierten sobre la dificultad de las industrias para sortear costos energéticos crecientes en un contexto de demanda deprimida, la conducción empresaria encabezada por Jorge Gentili busca reestructurar el pasivo para reabrir con una plantilla reducida de entre 60 y 70 personas. No obstante, el desenlace inmediato se dirime en el plano legal: la representación gremial exige garantías para los fondos indemnizatorios y considera inviable reanudar la producción dejando a más de la mitad de la dotación sin las compensaciones correspondientes.
