Especialistas del organismo reforzaron sus conocimientos en Brasil sobre límites máximos de residuos, evaluación de productos fitosanitarios y criterios regulatorios para América Latina.
Profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) participaron de una jornada internacional de capacitación orientada al fortalecimiento de los criterios técnicos y regulatorios vinculados con los productos fitosanitarios y los Límites Máximos de Residuos (LMR). La actividad se desarrolló en el Centro de Excelencia en Ciencias de Plaguicidas (CECP), ubicado en Itu, estado de San Pablo, Brasil.
El encuentro reunió a representantes de organismos sanitarios y de salud de distintos países de América Latina con el propósito de intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y avanzar hacia una mayor armonización de las normativas que regulan el uso de fitosanitarios en la región. El objetivo común es fortalecer la sanidad vegetal, garantizar la inocuidad de los alimentos y facilitar el comercio internacional de productos agroalimentarios.
Durante la capacitación, los especialistas abordaron aspectos agronómicos y toxicológicos relacionados con la determinación de los Límites Máximos de Residuos, la evaluación del riesgo alimentario, los ensayos de eficacia a campo, las buenas prácticas de laboratorio y los programas destinados a cultivos considerados de usos menores. En representación del SENASA participaron técnicos de las direcciones nacionales de Protección Vegetal y de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
La actividad fue organizada de manera conjunta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), CABI, Minor Use Foundation, el Centro de Excelencia en Ciencias de Plaguicidas (CECP) y la empresa Guarany, promoviendo un espacio de cooperación entre instituciones públicas y privadas.
Desde el SENASA destacaron que este tipo de instancias contribuyen al fortalecimiento de las capacidades técnicas del organismo y permiten incorporar herramientas que favorecen la actualización de los procesos regulatorios, en línea con los estándares internacionales que exige el comercio de alimentos y la protección de la producción agropecuaria.
