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Arroceros entrerrianos advierten que la crisis pone en riesgo la próxima campaña

Productores de Entre Ríos reclaman financiamiento urgente, menor presión impositiva y reglas claras para sostener una actividad clave para las economías regionales.

La crisis que atraviesa el sector arrocero volvió a quedar en evidencia durante una entrevista con Martín Martiarena, director de la Federación Agraria Argentina, quien advirtió que la producción de la última campaña no alcanzó para cubrir los costos de la siguiente siembra. El dirigente señaló que la falta de financiamiento accesible, la elevada presión impositiva y el incremento de los costos productivos están comprometiendo la continuidad de numerosos productores de Entre Ríos, principal provincia arrocera del país.

Martiarena recordó que Entre Ríos concentra alrededor del 60% de la industria arrocera nacional, con epicentro en la ciudad de San Salvador, y destacó la importancia económica y social que tiene esta actividad para toda la región. Sin embargo, explicó que, pese a obtener rendimientos promedio cercanos a los 12.000 kilos por hectárea, los productores necesitaron alrededor de 13.500 kilos para cubrir sus costos, lo que dejó a gran parte del sector en una situación crítica.

En ese contexto, la Federación Agraria viene realizando gestiones para conseguir líneas de financiamiento específicas que permitan atravesar la coyuntura. «No estamos pidiendo un crédito, sino un tubo de oxígeno para llegar a la próxima campaña», resumió Martiarena, al cuestionar las altas tasas de interés que hoy ofrecen las entidades financieras y que, según indicó, resultan imposibles de afrontar para los productores.

El dirigente también manifestó su preocupación por los conflictos judiciales y legislativos vinculados con el uso de fitosanitarios. Sostuvo que los productores cumplen con las normativas vigentes y que las aplicaciones deben realizarse con responsabilidad y respaldo técnico, pero advirtió sobre el avance de restricciones que, a su entender, no siempre contemplan la evidencia científica disponible. En ese sentido, reclamó mayor seguridad jurídica y decisiones basadas en criterios técnicos para evitar que la actividad continúe enfrentando obstáculos que afectan su desarrollo y competitividad.

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