Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores
Muy buenos días, amigas y amigos:
En nombre de la Federación de Acopiadores les doy la más cordial bienvenida a esta decimotercera edición de nuestro A Todo Trigo que, con sus veintidós años de vida, se ha convertido en el congreso de granos finos más importante de toda América.
Nuestro agradecimiento al Sr. Secretario de Agricultura, Dr. Sergio Iraeta, al Sr Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Lic Javier Rodriguez, representantes de las Bolsas de Cereales, Cámaras Arbitrales, de Argentrigo, de la Mesa de Enlace, de entidades del sector, panelistas, investigadores, sponsors, periodistas, colegas acopiadores, y por supuesto a ustedes productores y profesionales del agro. ¡Bienvenidos ¡
“Salvemos al trigo”, “En defensa del trigo”, “Avanzar o retroceder, esa es la cuestión”, fueron, entre otros, los lemas bajo los cuales la Federación de Acopiadores convocó a distintas ediciones que reflejaban aquellos desafíos que debió enfrentar la cadena triguera y el compromiso de Acopiadores en su defensa.
Hoy nuestro lema es “DEL RINDE AL NEGOCIO”
Y me parece que la mejor manera de reconocer la lucha de todos estos años es aplaudir al 50º aniversario del Semillero de ACA, básicamente recordando a aquel breeder excepcional, el Ingeniero Rubén Miranda, fallecido en 2019. También a otro pionero, desarrollador de variedades extraordinarias, el Ingeniero fitomejorador Oscar Klein, responsable de la genética del Criadero Klein, establecimiento con más de 100 años de historia. Oscar nos dejó en febrero de este año.
Esta es la gente que hace grande a Argentina, gente de trabajo.
Nuestro reconocimiento eterno a ambos.
Inauguramos esta edición con una cosecha récord de 28 millones de toneladas. Es cierto que tuvimos la ayuda del clima, pero haber sembrado más de 6,7 millones de hectáreas también significa un récord, y una fuerte recuperación frente a las 3,6 millones de la cosecha 13/14.
Las decisiones de siembra siempre responden a motivaciones, positivas o negativas. El nuevo clima político, la eliminación de la brecha cambiaría y la rebaja del 38% en los derechos de exportación que pasaron del 12 al 7,5% han sido factores determinantes y positivos.
Destacamos también la eficacia de los exportadores en la ardua tarea de vender al resto del mundo alrededor de 20 millones de toneladas, evitando un impacto excesivamente negativo en los precios, habida cuenta de algunas circunstancias de calidad.
Hoy estamos encarando la siembra de la campaña 26/27 en una realidad distinta, esperando una reforma fiscal con la esperanza puesta en el cumplimiento de cuatro principios básicos: 1) eliminar impuestos muy distorsivos como el impuesto al cheque, sellos, ingresos brutos provinciales, entre otros. 2) garantizar el tratamiento igualitario entre quienes realicen idénticas actividades, eliminando exenciones que atentan contra la eficiencia en la asignación de recursos y la productividad. Las obligaciones que el vecino no cumple, las debemos cumplir nosotros 3) evitar que el esfuerzo fiscal de la nación y las provincias pierdan sentido ante el avance de verdaderos impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales y 4) eliminar mecanismos bancarios de percepción tributaria, como el SIRCREB, que se han convertido en un robo a las empresas que actúan en la legalidad. Es responsabilidad del Banco Central terminar con la autorización a los bancos para realizar débitos en las cuentas corrientes. Los bancos no son agentes fiscales.
La realidad del momento económico actual es claramente muy heterogénea y el proceso de cambios tiene sus claros oscuros, pero recordamos, una vez más, lo que dijimos textualmente en A Todo Trigo 2022: “en 12 años el gasto público aumentó unos 15 puntos respecto del PBI. En valores absolutos son 60 mil millones de dólares por año”. Aquel nivel del gasto público convertía a Argentina en un país inviable.
El proceso dinámico en el camino hacia una economía eficiente, con equilibrios, competitiva internacionalmente y sin subsidios, viniendo de dónde venimos, amerita diseñar algunos amortiguadores para sobrellevar los costos sociales.
Muchos caminos son posibles, no existe uno solo, pero en todos lo que es imprescindible es que el gasto público esté bajo control. Y todavía queda mucho por hacer en este tema, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
Repetimos una y otra vez el mismo mensaje: La producción de riqueza genuina, sin subsidios ni protecciones absurdas, es el único camino que sacará a Argentina de la decadencia.
Y en la búsqueda de este objetivo hay asignaturas pendientes que urgen respuestas:
El desastre que pasó en Necochea, con piquetes de empresarios transportistas, amenazando, agrediendo y patoteando ante la pasividad del gobierno nacional, provincial y de la fiscalía de Necochea no se pueden repetir en Argentina. Todos sabíamos que en la playa del puerto había transportistas intimidados y amenazados, todos menos la fiscal de Necochea. Este país no puede volver a perder 300 millones de dólares por este tipo de conductas.
El campo necesita previsibilidad y permanencia de las normas. Seis decretos de este Gobierno Nacional sobre derechos de exportación en el año pasado, modificaron artificialmente los precios de los cereales. En enero del 2025 el Decreto 38 bajó los derechos de exportación, en mayo el Decreto 305 puso en cero a muchos productos industriales, en junio el 439 los subió, en julio el 526 los volvió al nivel del 38, en septiembre el 682 bajó a 0% a todos, y en diciembre el 877 llevó la soja al 24%, el trigo y la cebada al 7,5% y el maíz al 8,5%. Cada uno de estos decretos provocó ganadores y perdedores sin merecerlo.
Si bien entendemos las razones de emergencia económica de algunos de ellos, el campo no puede seguir siendo la variable de ajuste a las necesidades cambiarias. No pasa con el petróleo, ni con la minería ni con las demás actividades. Es necesario bajar las retenciones.
A través del Consejo Agroindustrial Argentino, desde el año 2020 venimos diciendo que es imprescindible para el sector y para Argentina toda, la rebaja escalonada de los derechos de exportación, esas rebajas aumentan la producción lo que trae mejoras no sólo para el sector, sino también para el gobierno y la sociedad entera.
Nos criticaron los apresurados que querían sacar todo de golpe y los retardatarios que decían que no era el momento, pero acá están los resultados: se bajaron las retenciones y esta campaña el campo pone en las arcas del estado 730 millones de dólares más que en la campaña pasada. Por eso es imprescindible seguir bajando los derechos de exportación, en forma escalonada y programada para generar previsibilidad y se pueda sembrar sabiendo el precio de lo que va a cosechar.
Quiero recordar que Argentina está obligada internacionalmente a eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol a más tardar el 1º de mayo de 2029. Seamos inteligentes. Pensemos en grande.
En otro orden, no puedo dejar de mencionar el conflicto del trigo transgénico. Esta Federación de Acopiadores ha denunciado, desde el primer día, el escándalo del trigo HB4. Más allá de la falta de ética de la empresa titular del evento, ha sido sumamente preocupante la cobertura que tuvo por parte de la Secretaría de Agricultura en la administración de Julián Domínguez, que pareciera haber convertido al INASE en una oficina de Bioceres. No hay experiencia en el mundo donde el Estado autorice la siembra de 53.000 hectáreas de una semilla experimental. No hay experiencia en el mundo de ausencia tan grande en los controles como existió en Argentina con la empresa Bioceres.
El cartón se completó cuando se nombró al gerente de Bioceres como presidente del INASE.
Sin duda alguna el actual presidente del Instituto tiene un desafío gigantesco por delante. Debe volver a recuperar el prestigio del INASE perdido en aquellos años oscuros.
Y urge hacerlo porque no sólo tenemos el riesgo de un trigo transgénico que es rechazado por los mercados, sino que también enfrentamos un potencial problema con una soja HB4 no autorizada por el gobierno, que anda dando vueltas y que nos puede cerrar mercados externos.
Otros de los desafíos, no menor, es poder acordar entre la producción y los semilleros la actualización de la Ley de Semillas. Dios quiera que tengamos la capacidad de llegar a un acuerdo que nos contenga a todos, donde los productores acepten que la propiedad intelectual debe ser retribuida y, por otro lado, que los semilleros entiendan que Argentina no es Estados Unidos ni Brasil. Estados Unidos regala 150 dólares por hectárea sembrada de trigo o de soja. (Esto sin contar los subsidios especiales). Si no nos cobraran retenciones y nos dieran subsidios de 150 dólares por hectárea podríamos comprar semilla original todos los años.
Toda la cadena debe debatir la adhesión a UPOV 91.
Con respecto al Medio Ambiente, es clarísimo que nadie se preocupa más por cuidarlo que nosotros, los que vivimos en el territorio, donde viven nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Digo esto para poner las cosas en su lugar.
Necesitamos un ordenamiento nacional, provincial y municipal de lo que en general se llama “Buenas Prácticas Agropecuarias “. Hoy estamos expuestos a decisiones anárquicas de municipios o de jueces sin fundamentos técnicos ni científicos.
No puedo olvidar que, en noviembre del 2025, estuvimos a punto de votar una ley. Después de grandes esfuerzos realizados durante 3 años, se había logrado un amplio consenso dentro de toda la oposición para votar la tan ansiada Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, confeccionada por más de 80 instituciones públicas y privadas y naufragó.
En la actualidad queda en manos del Secretario de Agricultura la responsabilidad para que este año, sin demora, se vote en la Cámara de Diputados el proyecto de ley aludido.
Si pretendemos ampliar la producción también la infraestructura y la logística, con sus costos, ocupan un lugar destacado en los temas a solucionar. Con 160 millones de toneladas no podemos tener la misma infraestructura que cuando cosechábamos 60.
En las inundaciones del 2025, en el oeste bonaerense, se perdieron más de 800 millones de dólares. Entre 9 de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, Pehuajó y Carlos Casares perdimos de sembrar más de 450.000 hectáreas.
Cuando se arrancó la obra del dragado del Rio Salado, allá, en 2003 había 14 dragas trabajando. En 2025 el Ministerio de Economía de la Nación paró por un año el dragado, alegando emergencia fiscal pero el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica tenía, y tiene, más de 200 millones de dólares en plazo fijo y lebacs. Hoy hay, apenas, 6 dragas trabajando.
Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, ni apareció en el Oeste inundado en 2025, y tampoco apareció en el verano cuando había seca para arreglar los canales necesarios.
Lo peor de todo es cómo algunos intendentes tienen los caminos rurales, abandonados totalmente en la inundación y abandonados totalmente en la seca. Municipios como 9 de Julio y Bolívar llevan más de 1 año, en algunos caminos rurales, sin pasar una motoniveladora. Eso sí, siguen exigiendo el pago de fortunas en impuestos disfrazados de tasa de red vial.
Son los productores los que tienen la solución: júntense y vayan a la justicia, los productores de Henderson, Baradero, Azul y Daireaux nos marcan el camino. Llevemos a estos irresponsables a dar las explicaciones públicas correspondientes.
Por supuesto que las inversiones en caminos y accesos portuarios deben ser rentables, porque deben generar, a los usuarios, beneficios superiores a sus costos.
Con respecto al plan vial que el Gobierno de Santa Fe anunció decimos claramente que rechazamos el cargo de un dólar con cincuenta que se pretende cobrar, pues esto representa un nuevo impuesto de más de 120 millones de dólares cada año y también rechazamos que los productores sean los únicos que deban soportar el costo de 400 kilómetros de caminos que son usados por automovilistas, camiones de combustible, y todos los transportes de carga general que proveen a los más de un millón y medio de personas que habitan el gran Rosario.
Aplaudimos la gestión provincial en cuanto al ordenamiento del tránsito a través del sistema STOP 5.0
Siempre se habla de la importancia de exportar bienes con valor agregado. Se invierte dinero público en Ferias, Reuniones, Misiones, Acuerdos, etc. Está muy bien y hay que aplaudir ese esfuerzo. Pero es increíble que nadie se ponga a mirar los costos que tiene un empresario para poder exportar. Harinas, legumbres, carne vacuna, aviar, frutas, toda la agroindustria, y también la industria, salvo los granos, sale por contenedores.
El costo que tiene un argentino para poner su mercadería en un contenedor y subirla al barco es, aproximadamente, 1.460 dólares por contenedor. Por ese mismo trabajo un exportador brasileño paga 310 dólares. Cuando a una harina de 400 dólares la tonelada le sumamos un sobre costo de 50 dólares por tonelada, nos quedamos afuera de todo, porque los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares.
A través del Consejo Agroindustrial Argentino se lo dijimos a los funcionarios del anterior gobierno y se lo dijimos a los funcionarios del actual gobierno. Como es posible que no haya un funcionario que se ponga a estudiar por qué, entre las navieras, los despachantes, las plazoletas fiscales y la Aduana nos generan un sobrecosto de 1.200 dólares por cada contenedor que sale desde nuestro país.
¿Saben las oportunidades comerciales que hemos perdido?
Finalmente, cuando sembramos, miramos al futuro: miramos el futuro climático, el futuro comercial, hasta el futuro político. Y, más allá del desconocimiento sobre lo que vendrá tengo una sola certeza absoluta: nuestro futuro será cada vez más complicado, más desafiante.
Y mi más profunda convicción es que la herramienta clave para enfrentar ese desafío es la competitividad. Y para competir esta cadena necesita ser la mejor. Si un eslabón de la cadena falla, todo se desmorona.
Por eso marqué algunas situaciones que hay que solucionar de manera urgente. Necesitamos de la eficiencia del Estado, en todos sus órdenes, nacional, provincial y municipal. Del ejecutivo, legislativo y judicial.
Pero a esto le debemos agregar la necesidad de que nosotros entendamos hacia dónde va el mundo, específicamente que buscan los compradores de lo que nosotros producimos.
Tenemos estándares de calidad de granos desde cuando cosechábamos en bolsas. Agricultura debe tomar el desafío de convocar a la cadena para actualizar esos patrones. No se puede producir con unas normas y vender con otras diferentes
Mucho se ha debatido acerca de las exigencias de responsabilidad ambiental y social de varios de nuestros compradores, exigencias que cada día suman más adeptos.
No es solamente la Unión Europea con su resolución anti-deforestación 1115, ahora son varias empresas exportadoras las que van teniendo sus propias reglas internacionales, y lo hacen por exigencia de los consumidores mundiales.
Certificar nuestros manejos es posicionarnos como líderes en el mercado mundial, y podemos hacerlo sin mayores esfuerzos.
Eso nos convertirá en favoritos dentro del comercio agrícola mundial, líderes, no por volumen, sino por excelencia.
Las Bolsas de Cereales de todo el país están trabajando duramente en desarrollar un sistema sencillo que permita garantizar conductas sustentables, un sistema que también garantiza la responsabilidad fiscal de los actores, eliminando las estructuras apócrifas.
Ruego que el Gobierno Nacional entienda la importancia de este último punto.
No solamente necesitamos infraestructura para comercializar 160 millones de toneladas. Hoy tenemos reclamos de una soja HB4 no autorizada en Europa, llamados de atención en China por hongos y malezas, etc.
Mayores volúmenes, mayores complicaciones. Para enfrentar estos desafíos y los que vendrán necesitamos un equipo unido. No hay posibilidades de ganar nada si los jugadores están molestos entre ellos. Demos respuestas serias a los reclamos de cada eslabón y reforcemos una cadena que salga a vender calidad y confianza al mundo.
¡Feliz Congreso para todos y muchas gracias por su presencia!
