El debate volvió a escena tras la decisión del Parlamento Europeo. Qué se revisa, qué sigue vigente y cómo impacta en el agro argentino.
El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional luego de un inicio de año que parecía marcar un punto de definición tras más de 25 años de negociaciones. Sin embargo, los acontecimientos recientes reintrodujeron matices y plazos al proceso.
En los últimos días, el Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que implica una judicialización parcial y la suspensión temporal del tratamiento parlamentario. La medida no significa un rechazo al contenido del acuerdo, pero sí abre una instancia de análisis jurídico que podría extenderse entre 18 y 24 meses.
El pedido de dictamen al TJUE se centra en tres aspectos clave: la estructura legal del acuerdo y su adecuación al mandato negociador original, la cláusula de rebalanceo y el alcance del principio precautorio dentro del capítulo ambiental. Estos puntos concentran las principales tensiones políticas y regulatorias que el acuerdo genera dentro del bloque europeo.
A pesar de este compás de espera, el proceso no queda paralizado. Los países del Mercosur pueden continuar con sus ratificaciones internas y, desde el punto de vista jurídico, la Unión Europea mantiene la posibilidad de aplicar de manera provisional el capítulo comercial si así lo deciden la Comisión Europea y el Consejo, tal como ocurrió en otros acuerdos de asociación.
La habilitación para la firma, otorgada el 9 de enero, cerró formalmente más de dos décadas de negociaciones estructuradas en tres pilares: comercial, político y de cooperación. El capítulo comercial, eje del entendimiento, incluye 23 capítulos y 21 anexos que regulan desde el acceso a mercados hasta normas sanitarias, reglas de origen, defensa comercial y compras públicas.
El diseño jurídico del acuerdo prevé la posibilidad de aplicar de forma provisoria un Acuerdo Comercial Interino, que requiere únicamente la aprobación del Parlamento Europeo. En paralelo, el Mercosur acordó una entrada en vigor bilateral, permitiendo que cada país habilite su aplicación sin esperar la ratificación simultánea de todos los socios, un punto clave para el uso de cuotas arancelarias.
En términos de acceso a mercados, la Unión Europea sigue siendo un destino estratégico: importa cerca de USD 220.000 millones anuales en productos agroindustriales, aunque Argentina apenas participa con el 3%. El acuerdo contempla beneficios arancelarios para el 99,5% de las exportaciones del Mercosur, con eliminaciones inmediatas, reducciones graduales y contingentes específicos para productos sensibles.
Además del impacto comercial, el acuerdo incorpora disciplinas que apuntan a reducir barreras y otorgar mayor previsibilidad al comercio exterior. Establece reglas más estrictas para el uso de licencias, compromisos sobre derechos de exportación y avances relevantes en materia sanitaria, biotecnológica y ambiental, con exigencias basadas en evidencia científica.
La judicialización del acuerdo introduce un nuevo ritmo al proceso, ahora atravesado no sólo por decisiones políticas sino también por definiciones jurídicas supranacionales. Si bien los plazos se estiran, el potencial estratégico del acuerdo permanece intacto y su aprovechamiento dependerá de la capacidad de preparación técnica y productiva.
Para el agro argentino, el horizonte de mayor inserción internacional sigue abierto. Cambió el calendario, no la oportunidad.
FUENTE : https://reddeinnovadores.aapresid.org.ar/es/magazine-notes/69777199bf363b3159ac813d
